La Confederación Autismo España presentó una serie de propuestas dirigidas al ministerio competente en Función Pública para exigir la creación de un cupo de empleo público para personas autistas sin discapacidad intelectual. La iniciativa busca incorporarse al futuro Real Decreto que regulará la provisión de puestos y el acceso de las personas con discapacidad a la Administración pública en España.
El planteamiento busca responder a una realidad crítica en el mercado laboral: apenas una de cada diez personas dentro del espectro autista cuenta con un puesto de trabajo, lo que sitúa su tasa de desempleo en torno al 90 % y posiciona al colectivo con los índices de desocupación más elevados dentro del ámbito de la discapacidad. Según reporta Mundo Autista, la entidad considera prioritaria esta reforma normativa para garantizar una igualdad de oportunidades efectiva y el derecho a una vida independiente.
Cuatro demandas clave para regular el acceso laboral
La propuesta formal presentada al Gobierno español detalla cuatro ejes fundamentales de intervención en el marco regulatorio. Entre ellos destaca la reserva diferenciada de puestos para aspirantes en el espectro del autismo que no presenten discapacidad cognitiva y que posean un grado reconocido igual o superior al 33 %. La confederación plantea que estas convocatorias cuenten con pruebas selectivas adaptadas a las necesidades particulares del colectivo, sin que ello signifique equiparar el autismo con la discapacidad intelectual.
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Asimismo, la organización reclama que la futura normativa defina con objetividad la capacidad funcional mediante valoraciones individualizadas. Esta evaluación técnica debe centrarse en las funciones esenciales del puesto y considerar de forma previa los ajustes razonables requeridos. A esto se suma la exigencia de asegurar la accesibilidad universal y cognitiva en todas las etapas selectivas, así como evaluar la compatibilidad del aspirante únicamente tras ponderar las adaptaciones del entorno de trabajo.
Barreras normativas y la necesidad de una reserva específica de plazas
Actualmente, quienes integran este perfil quedan al margen de los procesos de reserva diseñados exclusivamente para personas con dificultades cognitivas asociadas. Por esta razón, se ven en la obligación de concurrir mediante el turno general o la cuota genérica de discapacidad, espacios donde sus requerimientos específicos no suelen estar contemplados. Con la formalización de estas medidas diferenciadas, se busca atender esta brecha manteniendo los principios de mérito y capacidad.
En Mundo Autista se destaca que todas las entidades consultadas por la organización identificaron trabas significativas en la comprensión de las convocatorias, la inscripción, la petición de adaptaciones, los exámenes y las entrevistas. Además, más de la mitad de las asociaciones advierten que los aspirantes con frecuencia no solicitan adaptaciones por barreras de accesibilidad, a pesar de requerirlas. Por ello, se solicita incorporar lenguaje claro, reducir estímulos ambientales y flexibilizar los tiempos de examen.
Finalmente, la organización alertó sobre las declaraciones prematuras de incompatibilidad laboral tras superar las pruebas selectivas. La ausencia inicial de adaptaciones en el puesto no puede justificar el rechazo del aspirante, por lo que la confederación insta a que la normativa elimine las barreras estructurales antes de juzgar la capacidad de los trabajadores. Como explican, el objetivo es consolidar un modelo de empleo público verdaderamente inclusivo y centrado en la igualdad.
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